Abogados especialistas en Demandas ante la Superfinanciera en Bogotá

Buenos días. Soy representante legal de Avanti Promotora y Constructora S.A.S. Busco representación jurídica *MUY URGENTE* para recuperar $29 millones perdidos en un fraude bancario ocurrido en *noviembre de 2025*. Ya agotamos las reclamaciones ante Bancolombia, Alianza Fiduciaria y la Defensoría del Consumidor Financiero y Fiscalia. Existe una investigación penal y aproximadamente $15 millones que Bancolombia informó como bloqueados. Tengo un estudio juridico de mi caso que me induca que se me *vence el plazo de demanda ante la Superintendencia Financiera el 17 de noviembre* razon por la cual necesito *MUY URGENTE* porfavor su presupuesto de honorarios hoy si es posible, si pueden asumir mi caso. Gracias.

Tengo un crédito hipotecario con Bancolombia desde 2016 con un plazo de 20 años. Durante la pandemia en 2020 modificaron mi crédito sin mi autorización y ahora tiene un plazo de 30 años. He solicitado al banco soportes de la autorización de ese cambio pero solo he recibido respuestas evasivas. Presenté el caso ante la Defensoría del Consumidor Financiero y no obtuve una solución. También lo elevé ante la Superintendencia sin recibir una respuesta satisfactoria. Presenté una tutela y una demanda. En esta última me solicitaron acompañamiento de un abogado.

Tengo tres casos: uno ante la Superintendencia de Industria y Comercio y otros dos de familia.

Santiago de Cali, 07 de noviembre de 2026Señores:STF GROUP S.A. / STUDIO F – ELA OUTLETNIT: 805003626-4 Atención: Área Jurídica / Servicio al Cliente / Gerencia General Carrera 34 No. 10-581 - Acopi / Yumbo, Valle del Cauca Correo electrónico de notificación / contestación: (xxx) / (xxx) copia a:SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)Delegatura para la Protección del ConsumidorCorreo: (xxx): CONTESTACIÓN Y REITERACIÓN DE RECLAMACIÓN DIRECTA / IMPUGNACIÓN A LA RESPUESTA DE DERECHO DE PETICIÓN (HECHOS 24 DE OCTUBRE DE 2026 – LOCAL 238 ELA OUTLET ÚNICO CALI) — VULNERACIÓN DE DERECHOS A NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (NNA).REFERENCIA: Respuesta STF GROUP S.A. a Derecho de Petición.PETICIONARIA: TATIANA CAMPAZ TORRES, mayor de edad, identificada con C.C. No. 38.472.693, actuando en nombre propio y en representación legal de mi menor hija DAHIA FRANCO CAMPAZ (13 años de edad).I. RECHAZO EXP RECONOCIMIENTO FACTICO Y IMPUGNACIÓN DE LA RESPUESTAYo, TATIANA CAMPAZ TORRES, actuando en ejercicio de la patria potestad de mi hija menor de edad DAHIA FRANCO CAMPAZ, me permito dar contestación y rechazar enfáticamente la respuesta emitida por STF GROUP S.A. en relación con el hurto ocurrido el pasado 24 de octubre de 2026 en el local ELA Outlet (Local 238 del Centro Comercial Único Cali).Es indispensable resaltar que su propia contestación constituye una CONFESIÓN EXPRESA DE LA FALLA EN EL SERVICIO Y EN EL DEBER DE SEGURIDAD:Reconocimiento del hecho delictivo: La compañía admite formalmente que, tras revisar el sistema de videovigilancia, se constató que a las 18:13 horas del 24 de octubre de 2026 una tercera persona se aproximó al mobiliario de la tienda, cubrió el bolso de mi hija con prendas de su propio establecimiento y sustrajo el dispositivo móvil (iPhone 13) y la billetera con dinero en efectivo.Falla probada de custodia y supervisión: La delincuente utilizó las mismas prendas de exhibición del establecimiento para perpetrar el hurto ante la ausencia total de control, vigilancia visual o presencia disuasiva por parte del personal de la tienda.Omisión de socorro e inacción del personal: Su respuesta evade justificar por qué, ante el aviso inmediato de la víctima y su familia, el personal comercial (Vendedora Fernanda Pérez y Cajera Mariana Herrera) mantuvo una actitud indolente, no activó el protocolo de emergencia con la seguridad privada del Centro Comercial ni brindó una orientación idónea a una menor de edad en estado de zozobra.II. MARCO LEGAL Y REFUERZO JURÍDICO DE LA RECLAMACIÓN1. Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes (Sujetos de Protección Constitucional Reforzada)La víctima directa del hurto es DAHIA FRANCO CAMPAZ, una niña de 13 años de edad, quien además es una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la infancia a nivel regional, nacional e internacional (integrante de la Mesa Distrital de Participación NNA, red Pequeñas Grandes Voces de Save the Children, consejera delegada del ICBF, representante en la Red Nacional de Participación, delegada ante el GOT-SIPINNA e IIN-OEA). Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia: Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) – Artículos 8, 9 y 18: Principio del interés superior del menor y prevalencia de derechos. Todo establecimiento abierto al público tiene el deber correlativo de garantizar espacios seguros que no atenten contra la integridad física, psicológica o patrimonial de los menores de edad.La negligencia del personal de ELA Outlet al desestimar la denuncia inicial de una menor de edad generó un daño moral directo y una revictimización psicológica que vulnera los postulados constitucionales de protección reforzada.2. Violación del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)Artículo 3 (Derecho a la Seguridad): Los consumidores tienen derecho a que los productos y servicios que reciben dentro de los establecimientos comerciales no impliquen riesgos ni afectaciones a su integridad personal o a sus bienes.Artículos 5 y 6 (Deber de Idoneidad y Calidad): La prestación del servicio en un establecimiento comercial abierto al público abarca la infraestructura y el deber correlativo de custodia integral. Permitir que dentro de las instalaciones comerciales se cometan delitos impunemente utilizando prendas de la tienda vulnera los estándares mínimos de idoneidad y seguridad exigibles a un grupo empresarial del porte de STF GROUP S.A.Responsabilidad por Falla en la Seguridad Comercial: Si bien la sustracción fue ejecutada por un tercero, la omisión en las medidas de prevención, la falta de monitoreo en tiempo real y la omisión de auxilio post-incidente rompen la causal de exoneración por "hecho de un tercero", toda vez que la omisión operativa de STF GROUP S.A. facilitó y coadyuvó al resultado dañoso.3. Responsabilidad Civil Extracontractual y Defectuosa Atención (Artículos 2341 y 2347 del Código Civil)Existe una relación directa de causalidad entre el descuido en el deber de vigilancia dentro del local comercial y la pérdida patrimonial sufrida. La excusa de que "el acceso a las cámaras requiere trámite centralizado" no justifica la falta de acompañamiento, la empatía ni la falta de aviso oportuno al personal de seguridad privada del mall para el cierre de perímetro o interceptación de la sospechosa.4. Habeas Data y Acceso a la Prueba (Ley 1581 de 2012 y Sentencias Corte Constitucional)Si bien reconocemos la protección de datos personales de terceros, la titularidad del derecho de defensa y la calidad de víctima otorgan la facultad de exigir la preservación estricta y expedición de certificación probatoria. En el evento en que la Fiscalía General de la Nación requiera formalmente el material (conservado según su escrito por 1 año), STF GROUP S.A. incurrirá en obstrucción a la justicia y responsabilidad procesal si no entrega de forma inmediata el video descargado.III. REQUERIMIENTOS Y PETICIONES DEFINITIVASCon base en la normativa expuesta y la evidencia fáctica aceptada por ustedes en su escrito de respuesta:RECONSIDERACIÓN DE LA REPARACIÓN PATRIMONIAL: Reitero formalmente la solicitud de indemnización y pago por el valor del dispositivo móvil iPhone 13 y los $35.000 pesos en efectivo sustraídos dentro de sus instalaciones, en razón de la falla probada en el deber de seguridad, custodia e idoneidad del servicio prestado dentro del Local 238.REPARACIÓN MORAL Y SANCIÓN DISCIPLINARIA INTERNA: Solicito formalmente la apertura de un proceso disciplinario interno contra las funcionarias presentes en la tienda el 24 de octubre de 2026 (Fernanda Pérez y Mariana Herrera) por la atención negligente, apática y desobligante brindada a una menor defensora de derechos humanos y a su familia, remitiendo a esta parte informe de las acciones correctivas adoptadas. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CUSTODIA PROBATORIA: Solicito que se me expida una Certificación Oficial por parte del Área de Monitoreo y Legales de STF GROUP S.A. donde conste por escrito:La fecha, hora exacta y acta de congelación del archivo de video grabado a las 18:13 horas del 24 de octubre de 2026.La radicación interna bajo la cual el material audiovisual queda custodiado a disposición exclusiva de la Fiscalía General de la Nación bajo el NRO de SPOA de la denuncia que se aportará.COPIA DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS:

Fui víctima del robo de mi celular y posteriormente apareció un crédito preaprobado a mi nombre en BBVA por más de $5.000.000, el cual nunca solicité ni autoricé. La línea de Claro ya estaba bloqueada cuando se realizó la operación. Llevo cerca de dos años reclamando ante BBVA y la Superintendencia Financiera, sin obtener una solución. Actualmente tengo un reporte negativo en centrales de riesgo y recibo constantes llamadas de cobranza. Busco asesoría y representación jurídica para demostrar que no soy responsable de esa obligación, lograr la eliminación del reporte negativo y solucionar definitivamente el caso.

Descripción pormenorizada de los hechos: Relación crediticia y monto: Mantenía un crédito contratado de forma digital con la plataforma Credito365.co, operada por la sociedad TECH365 S.A.S. Cobros desproporcionados e Irregularidades: Al entrar en mora, la entidad ha incrementado la deuda de manera desproporcionada mediante cobros bajo los conceptos de "fianza/aval" y "gastos de cobranza", los cuales superan y casi duplican el capital originalmente desembolsado. Considero que dichos cobros accesorios constituyen cobro de intereses encubiertos por encima de la Tasa Máxima de Usura fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Inminencia de Proceso Ejecutivo y Embargo: La entidad ha notificado de manera persuasiva el inicio o generación de una demanda ejecutiva en línea. Dado que el título valor (pagaré) está en sus manos y la deuda presenta mora, existe un riesgo inminente de que el juzgado civil decrete medidas cautelares (embargo de cuentas bancarias o salarios) antes de que se me notifique formalmente el mandamiento de pago. Vulneración al Derecho de Petición: El pasado 14 de septiembre de 2026 radiqué un Derecho de Petición formal solicitando: El desglose pormenorizado y certificado del crédito. La evidencia técnica y contractual de la fianza y las gestiones de cobranza. La reliquidación del crédito ajustada a los límites legales. El cese de gestiones de cobro a terceros no autorizados (Ley 2300 de 2023 y Ley 1581 de 2012). Respuesta incompleta y evasiva (Radicado #00002361): La entidad emitió una comunicación en la cual afirma explícitamente en el numeral cuarto que "se adjunta el desglose actualizado de la obligación", pero omitió incluir archivos adjuntos, tablas o soportes en el correo electrónico enviado. Adicionalmente, omitieron responder de fondo la solicitud de reliquidación por usura y la prueba de los gastos de cobranza exigidos. Agotamiento de la vía directa: Ante la respuesta evasiva, remití un nuevo requerimiento reiterando la omisión de los anexos y manifestando formalmente mi voluntad de conciliar y llegar a un acuerdo de pago sobre el capital e intereses legales. Pretensiones / Ayuda solicitada al Consultorio Jurídico: Asistencia para la radicación de Acción de Tutela: Requiero apoyo para interponer una Acción de Tutela por vulneración al Derecho Fundamental de Petición (Art. 23 C.P.) y al Debido Proceso, exigiendo la entrega inmediata de la documentación completa y soportes de la liquidación. Preparación de la Defensa Judicial (Excepciones de Mérito ante embargo/demanda): Asesoría técnica y acompañamiento para formular las Excepciones de Mérito (como Cobro de lo No Debido, Usura y Pérdida de Intereses) una vez se notifique la demanda ejecutiva o se decrete un embargo por parte del juzgado civil.

La constructora con la que adquirí mi vivienda VIS me informa que se perdió el subsidio de la caja de compensación y me da un mes para pagar 39 millones. Las escrituras se firmaron en diciembre de 2024 y el subsidio estuvo activo hasta marzo de 2025. La constructora indica que Enel se demoró en legalizar el contador y que esto impidió entregar todos los documentos a Colsubsidio. Colsubsidio y la Superintendencia del Subsidio Familiar negaron el desembolso y por eso la constructora pretende que nosotros asumamos el pago.

Tengo una factura del acueducto por un valor exorbitante que se generó debido a una fuga imperceptible. El acueducto no aceptó el reclamo porque no se pagaron los costos fijos de esa factura antes de presentar la queja. La Superintendencia falló a favor del acueducto por el mismo concepto sin revisar el caso de fondo.

Fui víctima de secuestro extorsivo (delito calificado por fiscalía y en proceso vigente en juzgado -etapa de juicio-) modalidad de paseo millonario, fui drogado con benzodiacepinas y coaccionado psicológica y físicamente para entregar mis credenciales biométricas (huella digital) y desbloquear mi celular con el fin de permitir que los delincuentes accedieran a mis productos y plataformas bancarias. En el marco de mencionado delito, de mi cuenta fueron debitados unos haberes que en ella existían y fueron activados unos créditos consistentes en avances de tarjeta de crédito y un adelanto de nómina, los recursos fueron consolidados por los delincuentes en mi cuenta de nómina y posteriormente fueron enviados, por medio de transferencia intrabancaria a una cuenta existente e identificada dentro del mismo banco que custodia mis recursos. Durante el evento descrito, los sistemas del banco detectaron los movimientos como inusuales (evidenciado en una comunicación que llegó a mi correo electrónico en la fecha y hora de comisión del delito), sin embargo, un minuto después de esta alerta recibida en mi correo, llegó otra comunicación, donde el banco me informó acerca de que la transferencia (fraudulenta), se había ejecutado sin problemas. Aunado a lo anterior, unos días luego del evento, una funcionaria del banco me llamó telefónicamente, para consultar y confirmar si yo había autorizado la salida de unos recursos de mi cuenta, ya que la propietaria de la cuenta destino estaba tratando de desbloquearla debido a que supuestamente el banco la tenía bloqueada preventivamente por perfilar la transacción como sospechosa, a lo que respondí categóricamente que la transferencia fue fraudulenta y enmarcada en un delito, tal y como lo comenté al inicio de este escrito; solicitando que la cuenta se mantuviera bloqueada hasta que no se solucionara el asunto, ya que había interpuesto las respectivas solicitudes de reversión de transacciones ante el banco y la denuncia formal en la fiscalía. Pese a lo anterior, y luego de muchas reclamaciones ante el banco y quejas cargadas en la plataforma de la Superintendencia financiera de Colombia; pasado casi un año después del evento, el Banco continúa con la evasiva de responder ante su falta de gestión de seguridad y protección a mis recursos como consumidor financiero, y se niega a reversar las transacciones, agravando la situación sin reconocer la realidad del delito, y revictimizandome pues está generando cobros mensuales por barrido, desde mi cuenta de nómina, por los productos crediticios que los delincuentes activaron fraudulentamente a mi nombre.

El 1 de octubre de 2026 tengo una audiencia ante la Superintendencia Financiera por una demanda que presenté contra el Banco de Occidente por varias irregularidades en el crédito. Requiero a alguien que me ayude a revisar el caso y me asesore.